La reciente propuesta del candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino ha generado una intensa polémica en el escenario político nacional, pues plantea que los jueces supremos sean elegidos mediante voto popular. El fundamento de esta iniciativa, expuesto por quien fuera ministro durante el gobierno de Pedro Castillo, radica en evitar que el Congreso de la República designe a dichos magistrados, bajo la premisa de que tal mecanismo permitiría la intromisión de intereses particulares dentro del sistema de justicia.
La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) evidencia que el 87% de los peruanos rechaza la gestión del Congreso de la República, confirmando que la desaprobación al Parlamento se mantiene en niveles extremadamente altos y consolidando al Legislativo como una de las instituciones con peor evaluación ciudadana en el país. Dichos resultados reflejan el profundo desencanto de la ciudadanía peruana hacia sus instituciones, razón por lo cual, propuestas populistas como la elección popular de jueces supremos encuentran eco en este contexto de frustración, aunque no por ello dejan de ser riesgosas para la independencia judicial.
Así mismo, existe información más reveladora, que deja en evidencia la marcada desconfianza hacia el Congreso como selector de autoridades judiciales. Ahora bien, conviene preguntarse si una reforma de esta naturaleza realmente fortalecería la justicia o, por el contrario, la sometería a la volatilidad de la opinión pública. Y es que, en una sociedad donde muchas veces el voto no se orienta por el conocimiento ni por la idoneidad del candidato, sino por el resentimiento social, la emocionalidad o el rechazo a la clase política, trasladar la elección de los máximos representantes del Poder Judicial al sufragio popular podría resultar más riesgoso que beneficioso.
Después de la paupérrima última elección general, queda en evidencia que una parte importante de la población sigue guiándose por la improvisación y omite el deber básico de informarse adecuadamente antes de emitir su voto. En consecuencia, el problema no radica únicamente en quienes pretenden reformar la justicia con propuestas atractivas, sino también en una ciudadanía expuesta a elegir, una y otra vez, a personajes políticamente impresentables.
Un ejemplo clave de los riesgos inherentes a esta propuesta lo encontramos en el reciente caso de México, donde la implementación de una reforma judicial similar desató un masivo rechazo popular. Gran parte de la ciudadanía, ignoraba por quién votaría, dado que la mayoría de los candidatos no poseían trayectoria judicial alguna ni las competencias mínimas para asumir tales cargos. El debate se intensificó al conocerse los resultados, revelando que el flamante presidente de la Corte Suprema apenas contaba con experiencia como abogado comunitario y militancia en el partido Morena, lo que evidenció uno de los mayores peligros de este modelo: la posibilidad de que jueces sin preparación asuman las riendas de la justicia.
Así, con más de 9.600 aspirantes en contienda, el temor a una selección arbitraria se materializó, culminando en un gasto público exorbitante que la población ahora cuestiona con vehemencia, reclamando haber sido inducida a un experimento costoso e ineficaz.
¿Acaso queremos replicar un escenario similar en el Perú, sabiendo de sobra de los malos antecedente de nuestra ciudadanía a elecciones erráticas en materia de candidatos?
Columnista
