El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry. Mediante este quiebre del orden constitucional, se impuso una dictadura militar denominada Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Este régimen antidemocrático gobernó el Perú hasta 1980, cuando, ya bajo el mando del general Francisco Morales Bermúdez y promulgada la Constitución de 1979, se convocó a elecciones generales.
Para entender cómo se impuso esta dictadura, tenemos que retroceder a la década de los sesenta del siglo pasado. En esos tiempos, dos grandes temas destacaban en la agenda política del Perú. Uno, era la situación de atraso de la población rural del país, que se traducía en conflictos sociales y tomas de tierras, problemática que distintos intelectuales y políticos, como por ejemplo José Carlos Mariátegui, denominaron “el problema del indio”.
El otro tema, era el conflicto entre el Estado peruano y la International Petroleum Company, la IPC. Este conflicto tenía su origen en los últimos años del siglo XIX, cuando otra empresa, la London Pacific Petroleum, empezó a extraer petróleo en los distritos La Brea y Pariñas, en Talara, Piura. Resulta que la London Pacific Petroleum poseía y explotaba más pozos petroleros de los que estaban declarados, por lo que no tributaba lo que correspondía al Estado peruano. En 1911, el conflicto estalló a raíz una denuncia pública, y tres años después, la IPC reemplazó en el lugar a la London Pacific Petroleum, heredando así el conflicto con el Estado peruano.
Ahora vayamos a las elecciones generales de 1962, convocadas durante el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. Los principales candidatos fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, el general Manuel Odría, ex dictador y líder de la Unión Nacional Odriísta, la UNO, y el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, líder de Acción Popular. De acuerdo con la Constitución de entonces, tocaba al Congreso elegir al presidente de entre los tres candidatos más votados. Sin embargo, los militares no querían que el APRA llegara al poder, por lo que, bajo la excusa de una supuesta voluntad de fraude, derrocaron a Prado a solo diez días de que acabara su gobierno.
Así, se impuso una breve dictadura militar, encabezada primero por el general Ricardo Pérez Godoy y después por el general Nicolás Lindle. Este régimen fue el primer gobierno peruano en aplicar la reforma agraria, específicamente en los valles de La Convención y Lares, ubicados en el departamento del Cusco.
En 1963, finalmente, esta dictadura convocó a elecciones que fueron ganadas por Fernando Belaúnde.
El líder de Acción Popular era visto como un reformista capaz de solucionar los grandes problemas del país. Sin embargo, ni bien llegó al poder, estallaron conflictos sociales en la sierra. Mientras que en el parlamento, el APRA y la Unión Nacional Odriísta conformaron la coalición APRA-UNO, que asumió un papel obstruccionista frente al gobierno. Por si esto fuera poco, al interior de Acción Popular surgieron dos bandos: los carlistas, el sector que representaba el ala conservadora de Acción Popular, y los termocéfalos, los cabezas calientes, el ala izquierdista del partido, que deseaba aplicar reformas a como dé lugar. Sumemos a todo lo anterior, una crisis económica que fue aumentando.
Agreguemos más problemas. En 1965, aparecieron dos movimientos guerrilleros inspirados en la Revolución cubana. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, formado por apristas rebeldes liderados por Luis de la Puente Uceda, quienes se habían separado del APRA debido a la alianza con Odría; y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, liderado por Héctor Béjar, posterior funcionario de la dictadura de Velasco y futuro ministro de Pedro Castillo. En esta guerrilla estaba el poeta Javier Heraud. Tanto el MIR como el ELN, pretendían derrocar a un gobierno democrático para imponer una dictadura comunista, pero fueron derrotadas en cuestión de meses. Sin embargo, dejaron insertada la idea de la necesidad de reformas estructurales que evitaran el estallido de una revolución popular conducida por la izquierda comunista.
Ahora bien, por esos tiempos se había dado un cambio ideológico en parte de la oficialidad de la Fuerzas Armadas, debido a las enseñanzas recibidas en el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, y en la Escuela Superior de Guerra. Estas dos instituciones estaban influenciadas por la CEPAL, entidad de la ONU que promovía la intervención estatal en la economía y la industrialización en lugar de las importaciones.
Las enseñanzas impartidas en estas instituciones, motivaron a los militares a querer participar en el desarrollo del país. Los más comprometidos con esta visión eran apodados “nasseristas”, por Gamal Abdel Nasser, influyente militar nacionalista egipcio, que había aplicado nacionalizaciones y reformas estructurales en su país.
Sumemos crisis política y económica, oposición obstruccionista, guerrillas, necesidad de reformas y militares ideologizados, y tendremos a varios oficiales del Ejército planeando un golpe de Estado en una oscura oficina del edificio Marsano de Miraflores. Los principales conspiradores fueron el general Juan Velasco Alvarado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los coroneles Jorge Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez Figueroa, Enrique Gallegos Venero, José Graham Hurtado y Rafael Hoyos Rubio, futuros ministros de su régimen velasquista.
La situación era crítica y había rumores del inminente golpe de Estado, por lo que Belaúnde trató de salir de la crisis resolviendo uno de los grandes problemas del país: el conflicto de con la IPC. Así, en agosto de 1968, se suscribió el Acta de Talara, documento por el que se reconocía la soberanía del Perú sobre La Brea y Pariñas, con la consecuente entrega a la Empresa Petrolera Fiscal de los pozos petroleros e instalaciones de la zona, con la excepción de la refinería de Talara, donde la IPC continuaría operando.
A cambio, se condonaba la deuda que la IPC había adquirido por la falta de pago de sus impuestos, nada menos que 900 millones de dólares. Asimismo, la IPC se comprometía a refinar todo el petróleo extraído por la Empresa Petrolera Fiscal.
La prensa y sectores de la oposición, tacharon de entreguista el acuerdo, acusando al gobierno de querer beneficiar a la IPC. Incluso, el presidente de la Empresa Petrolera Fiscal, el ingeniero Carlos Loret de Mola, renunció al cargo y denunció en televisión la pérdida de la página 11 del contrato que fijaba las condiciones de compraventa del crudo entre la IPC y el Estado. Así, se desató una crisis política, que llevó a la caída del gabinete presidido por Oswaldo Hercelles. Era el primero de octubre de 1968 y, con todo esto, los golpistas ya tenían un pretexto.
Al día siguiente, juramentó ante Belaúnde un nuevo gabinete, presidido por Miguel Mujica Gallo. En la ceremonia de juramentación estuvo el propio Velasco, lo que disipó los temores del posible golpe de Estado. Sin embargo, detrás de la cortesía y de las formas, Velasco ya tenía planeado quebrar el orden constitucional.
Tan solo unas horas más tarde, durante la madrugada del 3 de octubre de 1968, aparecieron tanques en las calles, y un grupo de comandos irrumpió en Palacio de Gobierno, de donde, al parecer, Belaúnde fue sacado en pijama y deportado a la Argentina. Asimismo, los soldados pusieron un candado en el Congreso, cerrando con este acto el Poder Legislativo. Ante tales circunstancias, los ministros de Belaúnde se reunieron en el Palacio de Torre Tagle, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde acabaron detenidos por los militares. De este modo, faltando solo 9 meses y 25 días para que culminara el mandato de Belaúnde, Juan Velasco Alvarado capturó el poder, e impuso una dictadura militar denominada Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Ese mismo día, se promulgó el Estatuto del Gobierno Revolucionario, un decreto ley que se impuso como máxima norma en el país.
El turno del Poder Judicial llegaría a fines del año siguiente, concretamente, en diciembre de 1969, cuando la dictadura destituyó a todos los jueces y fiscales supremos, y creó el Consejo Nacional de Justicia, un organismo subordinado al régimen que tuvo la función nombrar a todos los jueces y fiscales del país.
Para terminar, ¿qué pasó con la IPC? Seis días después del golpe, el 9 de octubre, Velasco declaró nulo el Acta de Talara y envió tropas a La Brea y Pariñas. Así es, el Ejército peruano tomó posesión de territorios peruanos ya devueltos, incluyendo la refinería de Talara, en la cual solo operaba la IPC.
La medida fue muy popular entre la población y los distintos partidos políticos, por lo que se declaró el 9 de octubre como “el día de la dignidad nacional”. Sin embargo, lo que no se publicitó de la misma manera, fue el Convenio De la Flor-Green, suscrito entre la dictadura de Velasco y el gobierno de Estados Unidos en 1973. Por este acuerdo, la dictadura se comprometió a pagar, oiganlo bien, una indemnización de 76 millones de dólares al gobierno estadounidense, que entregó dicho dinero a las empresas afectadas por las reformas de Velasco, incluida la IPC. No solo eso, además, para cumplir con este compromiso, la muy nacionalista dictadura de Velasco tuvo que recurrir a préstamos de bancos estadounidenses.
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