El sicariato y la extorsión se han convertido en dos de las expresiones más preocupantes de la criminalidad organizada en el Perú urbano. No obstante, esta situación ya no se trata solo de hechos delictivos que se encuentran aislados; más bien, se trata de fenómenos que afectan la actividad económica, el transporte, los pequeños negocios, la convivencia social y la confianza de los ciudadanos en el Estado. Claramente, en este contexto, la respuesta política suele concentrarse en aumentar las penas. Sin embargo, ante una mayor severidad penal, por sí sola, resulta insuficiente si no se acompaña con la inteligencia criminal, investigación financiera, además del fortalecimiento policial y fiscal, como también del control penitenciario que ha sido determinado.
Desde luego, las estadísticas recientes ya muestran la magnitud del problema. Inclusive, según los registros del Ministerio del Interior, las denuncias por extorsión pasaron de 22 369 en 2024 a 26 748 en 2025. Esto, claramente, representa un incremento aproximado de 19, 6%. Con ello, se destaca que el crecimiento es relevante porque evidencia que la extorsión mantiene aún una expansión importante y que la respuesta exclusivamente punitiva no ha impedido la reproducción del fenómeno en su momento.
Por eso, el gráfico siguiente permite observar de manera directa esta evolución. Se destaca así que la diferencia entre ambos años equivale a 4 379 denuncias adicionales. Siendo así que, no solo debe preguntarse cuántos años de prisión corresponden al extorsionador, también por qué aumentan las oportunidades para que las organizaciones criminales puedan encontrarse en operar, reclutar personas, obtener recursos y amenacen también a sus víctimas.
Pues bien, otro indicador relevante es la percepción de la inseguridad ciudadana. El INEI mantiene estadísticas periódicas sobre la victimización y la seguridad ciudadana, lo cual permite advertir que el problema no puede evaluarse solo a través de las denuncias policiales. Ello, porque existe una brecha entre los delitos que ocurren, los que se denuncian y los que finalmente llegan a una sentencia. Siendo así que, una política crimina eficaz debe incrementar tanto la capacidad de denuncia y protección de las víctimas como la capacidad estatal para la investigación y sanción.
En mi opinión, endurecer las penas puede ser necesario, pero no se constituye en la solución central del problema en sí. Ello, porque una organización criminal no desaparece porque uno de sus integrantes reciba una condena más elevada (Espinoza et al., 2026). Si el Estado captura únicamente al ejecutor material, la estructura puede sustituirlo por otra persona. Además, el objetivo debe ser desarticular la organización completa: identificar a quienes financian, coordinan, proporcionan información, facilitan armas, realizan amenazas, administran el dinero, como también de los que ordenan los ataques.
Por ello, considero fundamental a que se pueda fortalecer la inteligencia criminal como también la investigación patrimonial. Tanto la extorsión como el sicariato tienen una dimensión económica que debe ser perseguida. Además, si se logra cortar las fuentes de financiamiento, decomisar bienes vinculados al delito y detectar los movimientos económicos sospechosos, el Estado se puede encontrar en una afectación directa de la capacidad operativa de las organizaciones.
También debe fortalecerse la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE y las entidades encargadas de inteligencia financiera. La información debe circular de manera oportuna y bajo reglas claras. El crimen organizado opera como una red; la respuesta estatal también debe funcionar como una red institucional.
El sector transporte constituye un ejemplo particularmente visible. La investigación de Velazco Mendoza (2025) analiza las respuestas colectivas del sector transporte frente a la extorsión y el sicariato y señala problemas de capacidad estatal y gobernanza urbana. Las movilizaciones de trabajadores muestran que la criminalidad afecta no solo a víctimas individuales, también también a colectivos económicos que dependen de condiciones mínimas de seguridad para funcionar.
Por consiguiente, la prevención debe formar parte de la política de seguridad. Los territorios con mayor vulnerabilidad requieren de programas de empleo juvenil, educación, recuperación de los espacios públicos, oportunidades económicas, además del fortalecimiento comunitario (Soto, 2024). De tal forma, prevenir el reclutamiento criminal no significa ser permisivo frente al delito; significa reducir la capacidad de las organizaciones para reemplazar de manera continua a sus integrantes.
Otro componente indispensable es la tecnología. La extorsión contemporánea puede utilizar teléfonos, redes sociales, mensajería instantánea, transferencias electrónicas y plataformas digitales. La investigación criminal debe incorporar análisis de comunicaciones, inteligencia digital y herramientas de análisis de redes, siempre bajo control judicial y respeto de los derechos fundamentales. El estudio de Alcalá Molina (2025) sobre cibercriminalidad advierte precisamente que la transformación tecnológica plantea nuevos desafíos para la administración de justicia.
Mi aporte consiste en proponer un Sistema Integrado de Inteligencia contra la Extorsión y el Sicariato, en el que se encuentren los equipos especializados en las principales ciudades del país. Pues bien, este sistema debería elaborar mapas criminales, identificar redes, analizar flujos financieros, como también cruzar la información policial y fiscal, además de considerar establecer indicadores para medir cuántas organizaciones son realmente desarticuladas. En consecuencia, la eficacia debería medirse por la reducción sostenida de las extorsiones y homicidios, considerando también a la recuperación de los activos ilícitos y la protección efectiva de las víctimas, y no solamente en razón del número de las leyes penales que fueron aprobadas.
Gráfico 1. Evolución de las denuncias por extorsión
Fuente: Ministerio del Interior, registros SIDPOL. Elaboración propia a partir de los datos oficiales de 2024 y 2025.
Interpretación estadística
Se sostiene que entre 2024 y 2025 las denuncias por extorsión aumentaron en 4 379 casos, equivalente aproximadamente 19,6%. Siendo así que este crecimiento confirma una tendencia ascendente en el registro policial del delito. Además, de esta estadística debe hacerse con cautela: un aumento de denuncias puede reflejar tanto mayor incidencia como una mayor disposición a denunciar. Inclusive, la magnitud registrada justifica fortalecer las capacidades de la investigación y prevención.
Gráfico 2. Indicadores urbanos de seguridad ciudadana, julio-diciembre de 2025
Fuente: INEI, Estadísticas de Seguridad Ciudadana, semestre móvil julio-diciembre de 2025. Elaboración propia. Los indicadores corresponden a población urbana de 15 años o más.
Interpretación de los gráficos
El problema de la inseguridad en el Perú no solamente consiste en que existan delitos, también en que una gran parte de la población vive con miedo y una proporción importante de los hechos delictivos no llega a convertirse en una denuncia efectiva. Por ello, combatir el sicariato y la extorsión requiere una respuesta integral que combine sanción penal, inteligencia criminal, protección de víctimas, prevención y fortalecimiento institucional.
Referencias
Alcalá Molina, F. A. (2025). Cibercriminalidad: retos y desafíos para la administración de justicia peruana. Revista Oficial del Poder Judicial, 17(23), 205–248. https://doi.org/10.35292/ropj.v17i23.906
Espinoza Escobar, J. H., Sotelo-Llancari, S., & La Rosa Salvador, V. I. (2026). Criminal governance and extortion in informal economies: fear as a mechanism of territorial control in Lima. Frontiers in Sociology. https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1795425
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). Estadísticas de Seguridad Ciudadana. INEI.
Ministerio del Interior. (2026). Reporte de denuncias registradas en el SIDPOL a febrero de 2026. Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
Soto Chicchon, C. D., & Matsuno Sanchez, M. (2024). Análisis de factores que incrementan el delito de sicariato en mercados ilegales. Revista ESCPOGRA PNP, 4(1), 158–169. https://doi.org/10.59956/escpograpnpv4num1.12
Velazco Mendoza, O. A. (2025). Entre el abandono estatal y el crimen organizado: acción colectiva del sector transporte ante la extorsión y el sicariato en el Perú. La Colmena, 18, 8–23. https://doi.org/10.18800/lacolmena.202501.001
