Ha sido promulgada la ley que precisa la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, estableciendo que esta no es retroactiva. Gracias a ello, militares y policías sentenciados y procesados injustamente podrán recuperar su libertad.
Al día de hoy, hay más de 800 militares que están siendo investigados por presuntos crímenes de lesa humanidad y 36 militares purgan condenas injustas, según datos del Ejército.
¿Por qué? Por luchar contra el terrorismo en la época más oscura de nuestra historia reciente.
Muchos de ellos son octogenarios y nonagenarios, mientras que otros ya murieron en medio de los procesos judiciales.
Así es como la justicia peruana les “agradece” a los héroes que pacificaron el país, todo por obra y gracia de fiscales ideologizados, oenegés y comisiones que pretenden distorsionar los hechos que ocurrieron en el Perú desde los 80s hasta inicios del 2000.
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Casos emblemáticos de injusticia
Uno de los casos más emblemáticos que ilustra semejante injusticia es aquel del Gral. Juan Rivero Lazo, quien por ser exdirector de Inteligencia del Ejército lleva preso 23 años, sin pruebas, al ser acusado de estar al tanto de los crímenes del ‘Grupo Colina’.
La Fiscalía no solo no pudo demostrar su acusación, sino que todos los involucrados, incluidos los agentes y los colaboradores eficaces, han señalado claramente que Rivero Lazo nunca participó ni supo de dichas actividades.
Lo que es aún más grave es que la familia señala que un abogado de la “ONG de derechos humanos” IDL habría pedido que acuse a Alberto Fujimori a cambio de su libertad.
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Otro caso que vale la pena recordar es el del Gral. Julio Salazar Monroe, exlíder del Servicio de Inteligencia Nacional, quien falleció en prisión a los 89 años de edad mientras cumplía una condena por la inventada figura de la “autoría mediata de crímenes de lesa humanidad”
En agradecimiento a nuestras fuerzas del orden
¡Es insólito que haya más militares y policías presos que terroristas! Yo felicito esta iniciativa legislativa que busca restablecer la legalidad y proteger la verdad histórica, propuesta por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto.
Es nuestro deber como ciudadanos alzar nuestra voz para no permitir que elementos ideologizados del Poder Judicial, ni oenegés, ni la CIDH pisoteen a quienes nos liberaron del terrorismo.
Directora ejecutiva de ILAD Media
