Según las denuncias registradas en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) a nivel nacional, entre enero de 2024 y julio de 2025, el delito contra la seguridad pública se ha ubicado entre los principales hechos delictivos reportados. Dentro de esta categoría se incluyen conductas que representan un peligro común para los medios de transporte, las comunicaciones, la salud pública y otros servicios esenciales. Asimismo, de acuerdo con datos elaborados por el Observatorio de Delincuencia Organizada Global, la magnitud de la inseguridad en el Perú ubica al país dentro del grupo de naciones más afectadas por el crimen organizado. En esa misma línea, Carlos Basombrío, especialista en seguridad y economías criminales, y Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social, señalan en un informe que el Perú ocupa el puesto 25 de 196 países en el Índice Global de Crimen Organizado, situándose por debajo de países como México, Ecuador y Colombia, los cuales presentan una situación aún más crítica.
La percepción ciudadana, recogida en una encuesta de Ipsos incluida en el informe, confirma la gravedad del escenario: el 76% de la población identifica la extorsión y el cobro de cupos como los delitos más preocupantes, seguidos por la corrupción (41%), la violencia sexual (37%) y el secuestro (35%). A ello, el general Pérez Rocha añade una serie de factores que han agravado la limitada capacidad de respuesta frente a la violencia y han permitido el incremento progresivo de la inseguridad. Entre estos, destaca la ausencia de presencia militar en labores de control y apoyo a la Policía en materia de orden interno y seguridad ciudadana, la insuficiencia de movilidad policial para el patrullaje y la escasa aplicación articulada de estrategias como el “plan cuadrante” entre el serenazgo y la fuerza policial. Esta gestión lenta y descoordinada, sumada a un Estado que no prioriza de manera eficaz la seguridad de sus ciudadanos, ha deteriorado la confianza en las fuerzas del orden.
Recordemos un antecedente histórico comparable que nuestro país atravesó hace casi cincuenta años, particularmente durante las décadas de 1980 y 1990, en el contexto del surgimiento y la consolidación del terrorismo. Nos referimos a la violencia ejercida por los grupos subversivos de la época, los cuales llegaron incluso a perpetrar masacres en poblados de la serranía peruana, en el marco de enfrentamientos con las fuerzas del orden, como ocurrió en Lucanamarca y Accomarca, además de atentados terroristas con coches bomba, extorsiones, amenazas y múltiples actos de intimidación que mantenían a la población en un estado permanente de alerta y supervivencia. Día tras día se vivía con la expectativa de la muerte, de manera muy semejante a lo que ocurre en la actualidad. Lo preocupante es que, una vez más, parecen subestimarse los alcances de la violencia ejercida por grupos subversivos y organizaciones criminales, para quienes la violencia y la muerte se presentan como medios legitimados de acción.
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