La seguridad y protección de los menores de edad en sus entornos cotidianos vuelve a ponerse sobre la mesa en el debate legislativo. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso dio un paso decisivo al aprobar por unanimidad un dictamen que busca implementar filtros preventivos mucho más estrictos en instituciones públicas y privadas a nivel nacional.
La iniciativa plantea una regla clara: cualquier persona que se encuentre afrontando un proceso de investigación por delitos contra la libertad sexual deberá ser separada temporalmente de sus funciones si su puesto implica contacto directo con menores. Asimismo, de comprobarse la culpabilidad mediante una sentencia, la salida será definitiva. Con el respaldo de dos comisiones parlamentarias, la propuesta queda lista para su votación final en el Pleno.
A continuación, compartimos el texto íntegro del comunicado oficial con todos los detalles de este proyecto de ley:
NOTA DE PRENSA
PROCESADOS POR DELITOS SEXUALES NO PODRÁ TRABAJAR CON MENORES DE EDAD
- Se propone separarlos temporal y preventivamente mientras son procesados.
- Sería aplicable a instituciones públicas y privadas.
(Lima, 22 de mayo de 2026) Con 18 votos a favor y por unanimidad, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10029, de autoría de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, iniciativa que propone fortalecer la protección de niños y adolescentes frente a personas procesadas por delitos de violencia sexual.
La propuesta establece la separación temporal de aquellas personas procesadas por delitos contra la libertad sexual que laboren en instituciones públicas o privadas donde tengan contacto directo con menores de edad.
Asimismo, dispone la separación definitiva en caso exista sentencia condenatoria.
Durante su sustentación, se destacó que esta medida prioriza el interés superior del niño y busca prevenir cualquier riesgo que pueda afectar la integridad física, psicológica y moral de menores de edad.
“La protección de nuestros niños no puede esperar. El Estado tiene el deber de garantizar espacios seguros y actuar de manera preventiva frente a delitos tan graves”, señaló la autora de la iniciativa.
Debemos recordar que la iniciativa contaba con dictamen favorable en la Comisión de Mujer y Familia y, con esta aprobación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra expedita para ser debatida próximamente en el Pleno del Congreso.
