Para evaluar si la lideresa de Fuerza Popular posee la viabilidad política para instaurar un gobierno duradero tras una década de crisis política, tal cual, y como Giorgia Meloni lo está logrando hacer en Roma, es importante aclarar las marcadas diferencias institucionales que separan a ambas naciones. Italia opera bajo una república parlamentaria pura, donde son las mismas cámaras quienes eligen y determinan la supervivencia del Ejecutivo mediante su voto de confianza, fundamentado en la Constitución de la República Italiana de 1947. En el Perú, por su parte, rige un presidencialismo anómalo y parlamentarizado diseñado en la Constitución Política de 1993.
Desde un ámbito histórico, por otra parte, el antecedente más reciente para entender la Italia actual es el colapso de la partidocracia tradicional durante el escándalo judicial de Tangentopoli en 1992. Contemporáneamente, en el Perú se sufría la inacción de la Constitución Política de 1979 en tiempos de crisis, por lo que, antes de juzgar el apartado político de la Carta Magna de 1993, hay que reconocer que pudo ser necesaria en su momento. Sin embargo, ya superada la crisis, el carecer de una cámara alta y el uso veloz e irresponsable de la tan cuestionada vacancia por incapacidad moral hicieron del Perú un país ingobernable sin un consenso extraordinario entre los poderes del Estado. Esta falla de origen estructural recién ha intentado ser subsanada con la histórica reforma que ha devuelto al país a un sistema bicameral de senadores y diputados, alterando profundamente las reglas del juego de cara al nuevo gobierno.
En ese complejo escenario, el «milagro político» de Meloni despierta curiosidad en quienes conocen de antemano que, entre 1992 y 2022, la duración promedio de un gobierno en Italia era de tan solo 13 meses.
Para entender el caso Meloni, hay que dirigirse a la fundación de su partido, Fratelli d’Italia (FdI), en 2012. Desde su inicio hasta el anterior gobierno de Mario Draghi, mantuvo una posición coherente de oposición dura, incluso cuando todos los demás bloques, tanto de derecha como de izquierda, se unieron para respaldar a Draghi. El hartazgo ciudadano frente a un gobierno tan dispar e ineficiente impulsó a FdI a ser la fuerza más votada en las elecciones de 2022 y ser el indiscutible líder de la coalición de centroderecha, que actualmente ya se posiciona como el segundo gobierno más longevo de toda la República, con altas probabilidades de llegar al término de su mandato en 2027.
El pragmatismo político de Meloni no solo se limitó a domar el sistema político italiano, sino que también llevó a su partido a ser el más votado de Italia en las elecciones europarlamentarias de 2024. Es aquí donde radica su mayor éxito a nivel internacional en materia de control fronterizo y gestión migratoria: el innovador modelo de externalización en Albania, el cual ha sido elogiado y replicado como doctrina en el seno de la Unión Europea.
No obstante, su gobierno atravesó su punto más crítico en marzo del 2026 con la ambiciosa y necesaria reforma de la justicia. Dicha iniciativa, orientada a separar las carreras de jueces y fiscales para despolitizar la magistratura, no alcanzó el respaldo suficiente en las urnas del referéndum para ser puesta en práctica. Este fracaso evidencia que tener el respaldo de una mayoría parlamentaria cohesionada tampoco es garantía de poder realizar las transformaciones más profundas.
En el tablero peruano, Fuerza Popular ha operado bajo una dinámica radicalmente distinta respecto al equilibrio de poderes. Desde 2016, el partido ha actuado como un bloque de oposición implacable, impulsando censuras que funcionaron como un dique de contención contra los despropósitos de la izquierda, pero que a su vez fueron protagonistas de los bloqueos crónicos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fuerza Popular apoyó decididamente el retorno al Senado, reconociendo que el diseño unicameral de 1993 era una máquina de inestabilidad política. A la par de este rol legislativo, las graves acusaciones fiscales en contra del partido por presunto lavado de activos deben observarse con cautela; si bien reflejan indicios que exigen explicaciones, también exponen una innegable politización en sectores del Ministerio Público. Tomando con pinzas tanto las narrativas de persecución fujimorista, como las feroces condenas de sus adversarios, es claro que la trayectoria del partido está marcada por una constante fricción con los demás poderes del Estado.
Aunque ambas líderes coinciden en un discurso de orden institucional y autoridad del Estado, sus bases de legitimidad divergen drásticamente en la percepción del electorado. Meloni encarnó la frescura de una renovación partidaria que siempre actuó de manera coherente como oposición y con pragmatismo político a la hora de gobernar, logrando unificar a toda la coalición de centroderecha bajo su mando indiscutible. Keiko Fujimori, por el contrario, arrastra un severo antivoto estructural y es percibida por gran parte del país como el corazón mismo del establishment político peruano.
Si bien existe la firme esperanza de que el nuevo Congreso bicameral otorgue al Perú un periodo de predictibilidad que ponga fin a su crónica crisis de representación, lo más razonable es mantener un profundo escepticismo. Aun cuando los resultados de los comicios de 2026 le hayan otorgado a Fuerza Popular, una vez más, su rol como primera minoría en ambas cámaras, a la fecha sigue siendo incierta la consolidación de una mayoría parlamentaria sólida que garantice la gobernabilidad del fujimorismo.
