La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo presentó un proyecto que busca garantizar el respeto y la tolerancia hacia la fe religiosa.
El objetivo de esta iniciativa es prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia, hostigamiento, ridiculización o discurso de odio motivado por la fe religiosa, en cualquiera de sus expresiones.
“En el Perú, el 86% de peruanos pertenece a la religión católica o evangélica y es precisamente a esta gran mayoría a la que se ofende cuando se ataca con violencia, vandalismo o se ridiculiza su iglesias, templos o símbolos de su fe. Basta revisar casos recientes como una obra de teatro en una Universidad Católica o el afiche de un festival cinematográfico LGTBI+ que ridiculizaron las imágenes de la fe católica y también la existencia de una iglesia autodenominada evangélica en la cual se usan símbolos LGTBIQ+ en sus cultos, lo cual atenta contra la propia fe de millones de evangélicos, esto no es correcto pues se ofende la fe sin consecuencias”, manifestó la congresista.
¿Qué es la cristofobia?
La propuesta define el término cristofobia como todo acto de violencia, hostigamiento, ridiculización o discurso de incitación al odio o vandalismo dirigido contra una persona, institución, símbolo religioso, imagen o templo por motivo de fe religiosa.
A partir de esto se sanciona administrativa y penalmente a los que ejecuten actos de discriminación. En el ámbito penal se incorpora un segundo párrafo en el artículo 323 del Código Penal, incorporando el siguiente texto:
“Si el acto se realiza con el objetivo de generar violencia, hostigamiento, ridiculización o discurso de incitación al odio o vandalismo dirigido contra una persona o grupo de personas, institución, símbolo religioso, imagen o templo por motivo de fe religiosa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cuatro años, o con prestación de servicios a la comunidad de cien a ciento veinte jornadas”.
La propuesta también propone crear el Registro Nacional de Incidentes de Cristofobia, a cargo de la Defensoría del Pueblo, que recopilaría las denuncias y estadísticas sobre todo acto de violencia, hostigamiento, ridiculización o discurso de incitación al odio o vandalismo dirigido contra una persona, institución, símbolo religioso, imagen o templo por motivo de fe religiosa, información que sería útil, para el diseño de políticas públicas de prevención.
