Recientemente, empresas del sector inmobiliario han presentado denuncias ante el INDECOPI contra los municipios de San Borja y San Isidro para que se declaren ilegales las ordenanzas 585-2023-MSI y 703-MSB, que regulan el programa de Viviendas de Interés Social (en adelante VIS). De acuerdo con los denunciantes, estas ordenanzas establecen barreras burocráticas que impiden el desarrollo de las VIS. Estas son residencias promovidas por el Estado, que tienen la finalidad de reducir las brechas entre los peruanos.
Las denuncias exponen una realidad problemática. Para empezar, que estas regulaciones municipales son incompatibles con la legislación vigente sobre las VIS. En segundo lugar, las denuncias muestran que las municipalidades están poniendo obstáculos significativos a la ejecución de proyectos inmobiliarios, a pesar de que algunos ya cuenten con aprobación municipal. Como muestra, actualmente en San Isidro hay 25 proyectos inmobiliarios en diferentes etapas que se han visto afectados por estas barreras burocráticas.
Las empresas denunciantes sustentan su posición en una sentencia del Tribunal Constitucional, que ha precisado las competencias entre el Ministerio de Vivienda y las municipalidades en cuanto a las VIS. Esta sentencia ha confirmado la aplicabilidad del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación a estos proyectos inmobiliarios, y ha establecido que las acciones de revisión o nulidad de los actos municipales deben ser abordadas caso por caso sin afectar a terceros involucrados. Además, con esta sentencia se establece que la nulidad de proyectos de VIS no puede ser retroactiva.
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El objetivo fundamental de estas denuncias es que INDECOPI declare la inaplicabilidad general de las medidas municipales impugnadas, con el fin de garantizar la continuidad de las inversiones y programas de Viviendas de Interés Social.
Decisiones como las impugnadas, impiden el crecimiento sostenible y formal del Perú en materia de construcción, algo que en la actualidad es urgente, ya que el panorama nacional presenta una latente recesión económica y falta de proyectos de inmobiliarios formales en el país.
Al respecto, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) señala que el Perú tendría que construir 150 mil viviendas al año para aminorar la brecha habitacional existente. Esto evidencia la urgencia de eliminar barreras burocráticas que no hacen más que entorpecer la inversión y, con ella, el desarrollo del país.
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