El déficit de viviendas en el Perú es un tema de vital importancia que, como sociedad y país, no hemos logrado corregir ni subsanar. No obstante, existe la esperanza de que en algún momento un gobierno visionario lo coloque en la agenda y convoque un debate multisectorial responsable, evitando la politización del asunto. En resumen, tenemos un problema de vivienda que no podemos seguir ignorando.
Según información oficial, el déficit habitacional en el país asciende a aproximadamente 1.8 millones de viviendas, con un 80 % de déficit cualitativo y un 21 % de déficit cuantitativo.
En la actualidad, el tráfico de terrenos y la usurpación de propiedades generan anualmente más de 1.100 millones de dólares en este país.
De acuerdo con una investigación del Grupo de Análisis Para el Desarrollo GRADE, titulada «Hacia una nueva política de vivienda en el Perú: problemas y posibilidades», se registra un déficit anual de producción de viviendas formales de 99 mil unidades, mientras que se necesitan 142 mil viviendas al año. Actualmente, se construyen solo 43 mil viviendas formales con servicios básicos como luz, agua, desagüe y alcantarillado.
Desde la perspectiva liberal, los subsidios generan escepticismo debido al riesgo de politización. Programas como Mi Vivienda, Techo Propio, créditos, bonos y subsidios son vistos con recelo por la posibilidad de ser utilizados con fines demagógicos en la región.
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Sin embargo, un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) señala el impacto económico positivo de los subsidios en el desarrollo del mercado de viviendas en el Perú:
“El tesoro público recupera 2.8 veces lo invertido en los subsidios del programa Mi Vivienda. El programa Mi Vivienda, a su vez, moviliza 21 veces la inversión del subsidio. El tesoro público se beneficia con aproximadamente hasta el 100% del dinero invertido en el subsidio del programa Techo Propio. Este programa multiplica a su vez 1.5 veces lo invertido en dicho subsidio. Los subsidios han permitido que más de 80 mil peruanos tengan la seguridad de una nueva vivienda.”
A pesar de las preocupaciones liberales sobre la politización, si se observa un beneficio directo, se aspira a un gobierno visionario que pueda expandir medidas como otorgar créditos y bonos limitados, siempre evitando la politización. El problema del tráfico de terrenos es un asunto de seguridad nacional, no exclusivamente de vivienda.
Una solución sensata para combatir el tráfico ilegal de terrenos y la usurpación podría ser que el gobierno libere algunos terrenos y los entregue a desarrolladores comprometidos con proyectos de viviendas de interés social, fomentando la competencia con los traficantes de terrenos en el mercado. Perseguir no será suficiente para ganar esta batalla.
“El subsidio del nuevo crédito Mi Vivienda, vía impuestos directos, el aporte que hace el Estado en subsidios por 165 % en Lima, esa recaudación es de 220 % y en provincias 80 %. En 2022, el Estado recaudó 338 millones de soles en impuestos derivados de los productos del nuevo crédito en vivienda, mientras que los subsidios que otorgó fueron de 206 millones.”
Económicamente, esto tiene sentido, siempre y cuando se evite la politización. En definitiva, no podemos postergar más la solución de este enorme déficit de viviendas en el Perú.
Yo quiero poner eso sobre el tapete. Espero que los sectores políticos correspondientes de manera responsable convoquen a un diálogo, a una conversación madura, lejos de politizaciones que no vienen al caso, porque lo cierto es que este es un problema de interés nacional.
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Presidente de ILAD
