Como es bien sabido, el sector turismo en el Perú se vio gravemente vapuleado desde el cierre obligatorio de las fronteras por Covid-19, época en la que el país lamentablemente se encontraba guiado por el cínico expresidente Martín Vizcarra. Tres años después de esa nefasta etapa, vemos que el turismo peruano recién está volviendo a respirar, poco a poco, con algo de normalidad.
Cuando el país parecía retomar el rumbo positivo mediante el crecimiento del turismo interno post-confinamiento, apareció casi sorpresivamente el calamitoso gobierno de Perú Libre, representado por la figura del inservible golpista Pedro Castillo.
Producto de la posterior vacancia de Castillo y de las arengas violentistas de su alfil Aníbal Torres, desde finales del 2022 estallaron en el sur del Perú importantes protestas que de pacíficas no tuvieron nada y de delincuenciales tuvieron casi todo. Se vio en ellas la toma de aeropuertos, bloqueo de carreteras, policías agredidos y asesinados a mansalva, cierres forzados de negocios locales, destrucción de ambulancias y de propiedad pública y privada, y un largo etcétera de actos que nunca más debieran ser replicados. Actos que poco parecieron importarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al ejecutar su muy reciente -y muy políticamente sesgado- informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú.
Peor aún para el turismo es recordar el hecho que dichas protestas ocurrieron en varias provincias claves para el sector, como es el caso de Puno, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Ica, Arequipa y Lima (el objetivo –fallido– a ser tomado), alentadas simultáneamente por negocios ilegales y por organizaciones radicales que amenazan descaradamente nuestra soberanía, como la Runasur de Evo Morales.
Para terminar de ponerle las cerecitas a un pastel que ya empezaba a oler mal, aparecieron poco después los terribles desastres naturales por el niño costero, que azotaron fuertemente, principalmente, al norte del país. Está demás afirmar que al Perú le ha tocado transitar estos últimos años por uno de los pasajes más oscuros de su historia del siglo XXI.
Por todo esto y más, el gobierno de Dina Boluarte está en la obligación de posicionar dentro de sus objetivos principales la recuperación del turismo interno y receptivo en el Perú, sector que en épocas prepandemia estaba encaminado a aportar cerca del 5% del PBI (cifra que hoy solo se encuentra en el 2.2%) y que, además, según la Confiep, generaba alrededor de 4 millones de empleos directos.
Es así que es muy saludable la intención inicial del plan “Con Punche Perú Turismo”, el cual se convertirá, según el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, en el “paquete más importante de apoyo al turismo que se ha dado en el Perú”. 500 millones de soles que, sumados a otras ventajas tributarias, podrían completar un paquete total de 2 mil millones de soles para recuperar y promocionar la imagen país, mejorar la infraestructura, los servicios y la seguridad de los aeropuertos y aliviar con medidas tributarias a las empresas turísticas que se han visto severamente afectadas estos últimos años.
Todo esto suena muy bonito, así que prestemos especial atención a los avances en la ejecución de este ambicioso plan gubernamental que, de ser efectivo, podría impulsar la creación de múltiples sinergías entre el sector público y privado, como también la permanente competitividad a nivel mundial del Perú como destino turístico preferencial.
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