Extraído de Ad Populum. Cerca de 2 millones 400 mil peruanos todavía no tienen conexión pública a una fuente de agua y casi 900 mil de ellos, más de la tercera parte, se abastece todavía con camiones cisterna.
¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Para empezar a entender un poco de esto, debemos primero reconocer que el problema del agua es crítico para el país. Casi el 60% de los peruanos vivirá en zonas con escasez de agua para el 2030, según el Ceplan, y será uno de los países más afectados por el cambio climático.
Además, el 40% de la energía del Perú proviene de hidroeléctricas que podrían secarse en un futuro, lo que va a incrementar el precio de la electricidad si no se toman las medidas necesarias. Los huaycos y sequías que estamos padeciendo, y que serán cada vez más frecuentes, son sólo uno de los aspectos de este problema. En el Perú, nada menos que el 70% del presupuesto de agua y saneamiento, está en manos de municipalidades, y sólo 20% lo maneja el gobierno central.
Esto es fundamental para entender el problema, ya que, a los últimos datos disponibles, sólo el 15% de los peruanos confía en la gestión de sus municipalidades.
Esto tiene consecuencias graves, ya que la gente que tiene que abastecerse utilizando camiones cisterna gasta proporcionalmente el doble que el promedio del país, a pesar de que su ingreso es 25% menor.
Incluso si lo comparamos con lo que valdría su costo de vivienda, llegan a gastar casi 14% de su alquiler estimado, ¡sólo en agua! Es muchísimo.
Algunos insisten en este modelo fracasado, irresponsablemente, confiando en que de alguna manera esto se va a solucionar mágicamente. Y no es así, esta situación está creada por el Estado, por su ineficiencia y corrupción.
¿Quién es el responsable?
Hoy el agua y el saneamiento están a cargo de 49 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) que son estatales y sus accionistas son las municipalidades donde operan. Sedapal es administrada por el gobierno central (Fonafe), pero la gran mayoría de las EPS son operadas a nivel municipal con resultados desastrosos: pérdidas financieras, mucha agua no facturada y baja continuidad del servicio. Más de la mitad no cubre sus costos de operación, y por la tercera parte de ellas no llega ni siquiera a cobrar por la mitad del agua que procesan. Encima, el 40% de estas EPS dan una continuidad de agua menor a 16 horas, y el por 20% menos de 12 horas.
Están quebradas, y esto impide que tengan recursos para ampliar las conexiones de agua a los usuarios. Esta es una consecuencia más del fracaso de la descentralización, ya que a pesar de que el agua y el saneamiento siempre han sido administradas por el Estado, en mayo de 1990 se pasó de un manejo centralizado en los ministerios, a uno descentralizado en las municipalidades.
El régimen basado en la OTASS, el supervisor del sector no está dando resultados. Necesitamos encontrar la forma de facilitar la inversión y atraer empresas de calidad internacional. Algunos dirán que privatizar el agua podría encarecerla, pero esto es falso; no existe agua más cara que la que se tiene que obtener con camiones porque no existen conexiones a la red pública; y quienes pagan esto encima son los más pobres.
La izquierda, por el dogma de que el estado tiene que encargarse de esto, es cómplice de esta situación injusta. Son ellos quienes impiden que los peruanos tengan acceso al agua con calidad y barata.
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Director periodístico
