Extraído de ILAD opina. Quiero manifestar mi respaldo y acuerdo con una sentencia muy importante emitida por el Tribunal Constitucional en el proceso competencial entre el Poder Judicial y el Congreso de la República. El Tribunal Constitucional ha actuado muy bien, porque ha puesto freno a una práctica absolutamente perversa del poder judicial que, a través de medidas cautelares, destruía, decapitaba y mutilaba instituciones del Estado importantes. En el Perú tenemos jueces honestos, jueces que son muy buenos, pero lamentablemente también hay jueces que a veces incurren en actitudes francamente mafiosas. No me gusta emplear este término, pero no hay otro término posible para describir lo que estos malos jueces le han hecho a nuestro país.
Durante la época de la campaña electoral, recordemos, había una institución pública importante para el país que estaba mutilada: el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, que debía tener siete miembros, y tenía solamente seis. ¿Por qué tenía seis miembros? Porque un juez, con una medida cautelar, impedía que el Colegio de Abogados de Lima escogiera a su representante de Jurado Nacional de Elecciones. Como consecuencia de esto, un Jurado Nacional de Elecciones, incompleto, resolvió todos los reclamos de la campaña electoral, y como estaba incompleto y se producían empates, en realidad era una sola persona, el señor Salas Arenas, el que resolvía todo. Totalmente perverso. ¿Por culpa de quién? De un juez mafioso que mutiló y destruyó a una entidad del Estado en un momento importante para nuestro país.
Pero el caso del Jurado Nacional de Elecciones no es el único caso donde se ha producido esto. Tenemos otra entidad importantísima para nuestro país, la Defensoría del Pueblo. Y actualmente no hay un Defensor del Pueblo titular, hay una Defensora del Pueblo adjunta. La Defensora del Pueblo adjunta tiene que estar en ese cargo de forma transitoria, mientras se escoge a un Defensor del Pueblo titular. Sin embargo, un juez también con malas prácticas, había ordenado suspender la elección del Defensor del Pueblo, había ordenado prácticamente que la Defensora del Pueblo, transitoria, se mantenga indefinidamente en el cargo, mutilando y debilitando de esa forma a una entidad del Estado, fundamental para nuestro país. Los jueces existen para defender los derechos fundamentales, pero si se interpretan los derechos fundamentales de manera retorcida, alambicada y perversa, y luego se emplea eso como excusa para mutilar y destruir una entidad estatal, ese juez no está defendiendo derechos fundamentales, sino que en el fondo es un juez golpista. Un juez que decapita al Jurado Nacional de Elecciones en época electoral es un golpista. Un juez que degrada e impide que se escoja al Defensor del Pueblo también es un golpista. Un juez que impide como en ciertos momentos se impidió que se escojan magistrados del Tribunal Constitucional y que permite que haya magistrados del TC con periodo vencido, también es un golpista.
Todo el poder debe tener límites, y el poder del Poder Judicial, también debe tener límites. Un Poder Judicial desenfrenado, que destruye las instituciones públicas, es una amenaza para la democracia, el derecho y el régimen constitucional.
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