Los liberales en el Perú tienen una deuda pendiente con los migrantes que vienen de países que el socialismo del siglo XXI arruinó. No se trata solamente de devolver el favor, considerando que en los años en los cuales el Perú estaba en quiebra como consecuencia del brillante manejo de la economía por parte de nuestro iluminado gobierno militar los peruanos emigramos en manada a países que mal que bien nos acogieron, desde Argentina hasta España.
Tampoco se trata de mero interés económico, considerando que según sondeos como el informe El aporte de la inmigración venezolana a la economía peruana de BBVA Research encuentran que la migración de Venezuela al Perú aporta de distintas maneras y el saldo termina siendo positivo. De hecho, podría serlo mucho más, si es que estos migrantes no se enfrentasen a terribles procesos burocráticos aquí para poder trabajar en la formalidad.
Si uno sigue los medios podría creer que Perú es particularmente averso a la migración venezolana. De hecho, ése no es el caso. No olvidemos que hace un par de meses el presidente Boric de Chile, haciendo gala de una altísima sensibilidad por su compañero ser humano en necesidad, agarró a varios cientos de migrantes que residían en su país y los barrió hacia la frontera peruana, sin ninguna clase de coordinación previa o de aviso.
Cualquiera diría que siendo él un presidente social y progresista, tendría alguna clase de consideración por otras personas en un momento tan difícil en el que tienen que abandonar su patria sin nada en las manos. Al gobierno de Boric eso le importó tres cuartos y los arrojó al otro lado de la frontera peruana, causando una crisis migratoria en Tacna que nosotros tuvimos que asumir.
Digan lo que quieran del gobierno de Dina Boluarte, pero ella no los siguió barriendo hacia Ecuador, sino que luego de unos días de descoordinación entre distintos ministerios, tomaron cartas en el asunto. Algunos de estos doble desplazados (una vez de su país por la dura situación en la que se vive y otra de Chile por la inhumana medida adoptada por el gobierno progresista de Boric) fueron embarcados de regreso a su país de origen, pero la gran mayoría se ha quedado en el Perú.
De hecho, si vemos el recientemente publicado informe de Ipsos por el Día del Refugiado 2023, podremos ver que en Colombia y Perú el 77% y el 76%, respectivamente, están de acuerdo en que las personas deberían ser capaces de refugiarse en otros países (incluido en mi país) para escapar de la guerra o persecución.
En Chile este porcentaje es menor, pero no por mucho: 73%. En ese sentido, el presidente Boric expulsó migrantes no por un pedido masivo de la población que reclamaba que se hiciera esto en las calles. Los chilenos tienen casi el mismo sentimiento con respecto a este tema que los peruanos o los colombianos.
De hecho, en el Perú el porcentaje de los que creen que los refugiados llegan al país para aprovecharse de los servicios o por motivos económicos (y no porque sean realmente refugiados) es de 78%. En Chile ese porcentaje es de apenas 69%. Y aun así, aquí el único presidente reciente que pretendió expulsar a la fuerza venezolanos y ni siquiera eso pudo hacer bien fue el leninista mariateguista Pedro Castillo. El que hablaba de la unidad de los países andinos y todo eso.
Ahora bien, éste es un asunto serio que está alterando algunas estructuras de la economía peruana. ¿Por qué no es abordado más seriamente en los medios? ¿Por qué no se hacen más eventos discutiendo las cifras con las que se cuenta? Quizás porque los organismos interesados en mover este tema se hayan aliado con organizaciones peruanas que dejan mucho que desear.
Por ejemplo, hace poco Expreso reveló que el Instituto de Defensa Legal (IDL) había recibido US$300 mil para apoyar a los migrantes venezolanos, pero solo habría producido un podcast y nada más. De entrada, habría que cuestionar al que decidió buscar a IDL para que sea el portavoz de los venezolanos, que está enfrascada en otros temas y a los que una rosa blanca los espanta. Pero, en fin.
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