Extraido de Arena Política. El sistema migratorio peruano está en crisis. El caso de Sergio Tarache, del maldito Cris, la banda criminal venezolana del Tren de Aragua, y la situación de colapso de la frontera sur de nuestro país, son evidencia de que algo hemos hecho mal.
Para nadie es un secreto que, tanto nuestra frontera norte como sur, son una coladera para los inmigrantes ilegales que siguen encontrando nuevos caminos y pasos improvisados para llegar a nuestro país esquivando los controles migratorios. Y ahora que Chile ha endurecido su control migratorio, nos hemos enterado por revelaciones de Cuarto Poder, que sus militares y policías chilenos están ayudando a los venezolanos inmigrantes a entrar ilegalmente a nuestro país.
Esto es gravísimo, y podría tener repercusiones diplomáticas. Sin embargo, el problema es más grande de lo que parece. Nuestros puestos fronterizos no tienen acceso a internet de calidad, a equipamiento actualizado, e inclusive nuestros oficiales se ven obligados a utilizar sus celulares personales para trabajar. La falta de personal capacitado, tanto para ayudar en el control de fronteras como en la fiscalización de pasos aledaños hace que estas sean una coladera para los migrantes indocumentados.
Otro problema es que no todos los pasos fronterizos cuentan con acceso eficiente a datos de RENIEC, DATAPOL y bases de datos extranjeras que permitan identificar tanto los antecedentes penales como la veracidad de la identidad de quien atraviesa nuestras fronteras.
¿Cómo van a verificar si quien ingresa es o no un delincuente sin acceso a esta información?
Cuando en el 2018, PPK les decía a los inmigrantes venezolanos que eran bienvenidos al Perú el contexto era muy distinto; mantener la misma posición al día de hoy es miope y sin mejorar el sistema migratorio, agudizará cada vez más esta crisis. El Perú no ha tenido la capacidad para gestionar esta masiva inmigración, la intención humanitaria por brindar ayuda a nuestros hermanos venezolanos no puede quedarse en la pura declaración.
Se tienen que tomar medidas drásticas para evitar que los delincuentes se queden en el Perú, y sí, permitir que los buenos venezolanos, que son la mayoría, puedan residir legalmente. Los sistemas de salud y de educación, están tan colapsados que no pueden ni atendernos a nosotros, y se ven cada vez más presionados por la ola migratoria.
Se estima que solo el 3.6% de los niños venezolanos menores de cinco años recibieron atención médica en Perú durante el 2020 y la primera mitad del 2021, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
De la misma manera, la llegada de migrantes irregulares, ha contribuido a la precarización del empleo en nuestro país ya que, por su situación irregular, muchos de ellos se ven obligados a optar por trabajos informales y cobrar un sueldo inferior al reglamentario.
También la medida de PPK fue imprudente al no prever que algunos de los dictadores suelen aplicar artimañas para castigar a los gobiernos contrarios a su propuesta radical y tienden la mano a la población que escapa de sus regímenes. El propio embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, acusó en el 2021 a Maduro de estar enviando criminales a todos los países de la región con el fin de generar un estigma hacia los venezolanos que huyen de su régimen.
Y esto no es nuevo, ya que se sabe que Fidel Castro, abrió los penales para incluir a reclusos dentro de los asilados que salían de Cuba tras la crisis del Mariel en los 80. Los asilados de esta crisis llegaron principalmente a Estados Unidos, Venezuela y Perú.
¿Será por esto por lo que delincuentes como el asesino del serenazgo en Surco o los capturados por “El tren de Aragua”, todos con antecedentes penales, ¿acaben en nuestro país?
Por todo esto, necesitamos que el gobierno de Boluarte tome medidas drásticas para fortalecer los sistemas de control fronterizo, asimilar a los venezolanos sin antecedentes penales y expulsar a los delincuentes, así como reforzar la seguridad ciudadana.
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Periodista de ILAD Media.
