Ante la grave situación que padecemos por el alza del crimen, ¿Es correcta la idea de que los civiles puedan defenderse con armas de fuego?
Esta es la polémica medida que propuso el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para enfrentar las oleadas delictivas más violentas de su historia. Los índices de delincuencia en Latinoamérica han ido en aumento en los últimos años debido a las crisis políticas y a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, Ecuador y Perú son los países de la región que se han visto más afectados por la combinación de la delincuencia y las crisis políticas.
Las crisis económicas en el Perú han tenido una relación directa con el aumento de lo que se conoce aún como “delincuencia común”. Pero en el caso de Ecuador ha sido distinto. La serie de crisis económicas y políticas han sido el caldo de cultivo para uno de los monstruos más temidos de Latinoamérica: el narcotráfico.
La caída del precio del petróleo, el terremoto del 2016, las protestas contra el FMI, y el sobreendeudamiento que les dejó el gobierno del izquierdista Rafael Correa, están causando estragos en la sociedad ecuatoriana. En el país vecino se han venido desarrollado en los últimos años innumerables motines carcelarios, paros armados, crimen organizado, descuartizaciones, coches bomba, y hasta asesinatos de periodistas.
A pesar de esto, el gobierno de Guillermo Lasso recién aceptó hace dos años que tenía al narcotráfico respirándole en la nuca. Pero ¿qué es lo que hace que el Ecuador sea tan atractivo para estas organizaciones criminales?
Su salida hacia el Océano Pacífico, así como por su ubicación entre los más grandes productores de cocaína, como lo son Perú y Colombia. Esto ha colocado al Ecuador como un destino estratégico para la distribución de la droga en Latinoamérica. Además, la dura política antidrogas desatada por Iván Duque en Colombia hizo que los narcos encuentren condiciones más favorables en el país vecino.
El gobierno Lasso ha intentado hacer frente a esto con estados de emergencia, regímenes más estrictos en las cárceles y operaciones militares, pero sin conseguir los resultados esperados. Es en este contexto que ha decidido aprobar, durante al menos 60 días, el uso de armas de fuego por parte de la población civil para defenderse del crimen y la delincuencia, como una última medida desesperada.
Lo que significa que a partir de ahora cualquiera pueda portar armas en el Ecuador, ya que aún existen ciertos requisitos como, por ejemplo: ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales previos, pasar pruebas psicológicas y toxicológicas. Además, que el costo de un arma puede ser prohibitivo aún para muchos ecuatorianos.
Sin embargo, la finalidad principal de esta medida está clara: que cada ciudadano se defienda por sí mismo puesto que la policía no se da abasto frente a la delincuencia. Si bien en el Perú quizás aún no se ha llegado al extremo de nuestro vecino del norte, ya se ha planteado una medida, también polémica, para dar apoyo a la policía en esta lucha. Se trata de la autorización, desde fines de marzo, para que los serenazgos puedan usar armas no letales contra los delincuentes, si es que estos pasan una serie de filtros previos y han recibido una capacitación por parte de los militares y la policía nacional.
Si bien parece que en el Perú aún estamos lejos de aprobar una medida como la de Lasso, algunos casos parecen estar poniendo sobre la mesa este debate. Como el gobernador de Madre de Dios, que en enero vimos cómo se defendía desde su habitación para evitar que incendien su vivienda. O también en febrero, con el caso del grupo de empresarios que tuvo que abrir fuego contra quienes intentaban robarles.
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Periodista de ILAD Media.
