Una cosa es el mundo real y otro muy distinto es el mundo de fantasía en el que viven muchos de nuestros políticos. Por ejemplo, nuestra fauna de izquierda vive en un mundo en el que todos fervientemente tenemos el cambio de la constitución como prioridad absoluta que justifica cualquiera medida. Mientras tanto, si revisamos las encuestas podremos constatar que ésta no se encuentra entre las principales preocupaciones de los peruanos. En abril, cuando se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Dina Boluarte, el 57% consideraba a la corrupción el principal problema del país, según Ipsos. El 44% consideraba a la delincuencia el principal problema y el 28% los precios altos y el costo de vida. Nadie estaba preocupado por un cambio de constitución.
En la economía esto se hace mucho más drástico. A nadie le importa que de pronto académicos de antropología y otras ciencias sociales que no son economía estén insistiendo en que vivimos en un régimen “neoliberal” o que llevamos 30 años de gobiernos de derecha. Las cifras son bien contundentes. Desde el gobierno de Ollanta Humala es muy difícil sostener seriamente que la economía peruana está desbocada y que los empresarios hacen lo que quieran. Si ése fuese el caso, ¿cómo es que la inversión privada en el Perú está en caída libre desde entonces?
Después de toda la inestabilidad política de finales de los años 90, la inversión minera llegó a un retroceso de 85.2% en agosto del 2002. A partir de entonces las reformas económicas de la década anterior comenzaron a hacer efecto y la apertura comercial, entre otras medidas adicionales, ni qué decir de la expectativa del crecimiento de los precios internacionales de los metales, hizo que más capitales apostaran por la minería peruana. En enero del 2006, la minería ya estaba creciendo a 270.6%. Entonces vino la crisis internacional mundial, que la hizo caer. Pero para junio del 2009 ya estábamos creciendo nuevamente a 275.1%. Mucho se puede decir del segundo gobierno de Alan García, pero se trataba de un gobierno que se preocupaba por mantener la confianza del sector privado en la economía peruana. Algo que se descuidó -si no despreció- en todos los gobiernos que hemos tenido después.
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Como siempre, los defensores de Ollanta Humala saltan a alegar que todo se debe a los bajos precios internacionales de los metales. A ellos hay que aclararle dos cosas. Primero, que aun con los precios bajos había mineras que querían invertir en el Perú y no se le permitió. Hubo protestas, hubo mucho “agua sí oro no”, etc. Todos los que vivimos esa época lo recordamos bastante bien. Si queremos. Y segundo, que luego los precios se recuperaron, pero la inversión minera en el Perú nunca lo hizo. Esto se debe a las regulaciones que implementó ese gobierno y que hicieron más difícil la inversión en nuevas operaciones mineras o incluso en exploración. Para abril del 2014 la inversión minera ya era negativa. En octubre del 2016 llegó a su punto más bajo, con una variación de -63.8%. Una total locura considerando las inmensas reservas mineras que tenemos en el país.
¿Quieren reactivación económica? No va a venir por el lado del consumo. Eso ya lo hicimos en el 2022, cuando se liberaron los fondos de las AFP y se repartieron bonos y la gente lo gastó todo. No reactivó la economía. No va a venir por el lado de la inversión pública. En el Perú la inversión pública es una fracción de lo que es la inversión privada. Si seguimos inyectando dinero y nada más, lo único que vamos a lograr es más inflación. La reactivación tampoco va a venir por el lado del sector externo en un contexto en el que la economía mundial entera está aun somnolienta. Solo podremos reactivar la economía a través de la inversión privada. Y ésa no se va a reactivar si no hay confianza. Pues bien, ¿quién está en el gobierno preocupado por recuperar la confianza de los agentes económicos? Además de Julio Velarde, quiero decir. Y él solito no la va a hacer.
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Economista
