Ahora que vemos al expresidente Alejandro Toledo, al fin, ser extraditado al Perú contra su voluntad, nos preguntamos ¿cómo empezó todo? ¿Qué significó el Caso Lava Jato que inició todo lo que se ha venido conocido en los últimos años? ¿Quiénes más están involucrados en el entramado de corrupción más grande de la región?
Todo inicia cuando la gasolinera “Posto da Torre” de Brasilia se ve envuelta en un escándalo de lavado de dinero por parte de Paulo Costas, el director de la empresa Petrobras, la empresa bandera del Partido de los Trabajadores del ahora presidente de Brasil, Lula Da Silva. De esta gasolinera viene el nombre “Lava Jato” en referencia al lavado de autos.
Costas fue condenado en 2015, se acogió a una colaboración eficaz, y a partir de ella se abrió la caja de Pandora con todo lo que dijo. Acusó de a más de 50 políticos, muchos del partido de Lula, y a 16 empresas, entre ellas a Camargo Correa, Queiroz Galvão y Odebrecht, de pagar sobornos a Petrobras.
La Fiscalía siguió investigando y descubrió el ya conocido “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que no era otra cosa que un área dedicada a gestionar coimas a políticos de la región y a blanquear dinero del sobreprecio de obras de infraestructura. Brasil, México, República Dominicana, Colombia, Venezuela y por supuesto, el Perú, fueron los países afectados por este mega escándalo de corrupción.
A pesar de ciertas excepciones, Odebrecht consolidó alianzas principalmente con gobiernos de la izquierda latinoamericana. En Ecuador con Rafael Correa en la obra X, en Argentina con Cristina Fernández en la obra del Tren Sarmiento y por lo menos 10 obras más; o en Venezuela, donde, junto a Chávez, contribuyeron a la crisis energética que hoy afronta el país por hidroeléctricas que nunca se construyeron pero que sí cobraron, y vaya que cobraron.
Tras la caída de Marcelo Odebrecht, el gerente general de la empresa, fueron cayendo uno a uno los encargados de distribuir todos los sobornos en la región. Luis de Meneses en México, Eleuberto Martorelli en Colombia, Jorge “el Corcho» Rodríguez en Argentina y Jorge Barata en Perú. Y fue este último quien contó en el 2017, ante el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, que Alejandro Toledo habría otorgado el proyecto de la Carretera Interoceánica, por una coima de al menos 31 millones de dólares. Este caso parecería haber sentado el precedente para los gobiernos de García y Humala quienes también escogieron a la constructora para varias obras públicas importantes.
Con Toledo en el Perú, existe la expectativa de que el exmandatario empiece a cantar los nombres de muchos otros involucrados en esta red. Estos podrían ser funcionarios del gobierno de Ollanta Humala o hasta el propio expresidente. Esto sería elemental para poder investigar a otros implicados como los exfuncionarios Mariella Huerta Minaya y Víctor Muñoz Cuba, que firmaron los contratos; o a los empresarios como Fernando Camet, José Castillo Dibós o José Graña-Miró-Quesada, consorciados con Odebrecht y pertenecientes al conocido Club de la Construcción.
Y aunque Toledo ya adelantó que no se “acogerá” a una colaboración eficaz, parecería demasiado “sano y sagrado” de su parte. ¿De verdad creen que pasará 20 años preso sin decir una sola palabra? Habrá que verlo.
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Periodista de ILAD Media.
