En la mañana del 17 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió disolver la Asamblea Nacional– su poder legislativo- para convocar así a elecciones generales. Como sabemos, el último martes, el actual mandatario se presentó ante el Congreso por el juicio político que lleva por ser acusado de haber cometido el delito de peculado, del cual se declara completamente inocente.
La izquierda dirá que Lasso ha realizado un golpe de Estado y que ahora la derecha apoya a un golpista, sin embargo, lo que ha realizado Lasso, no es nada similar a lo que ha hecho Castillo a finales del año pasado. Esto debido a que lo realizado por el mandatario ecuatoriano sí es constitucional. Mientras que lo de Castillo fue una evidente violación del régimen constitucional peruano.
La Constitución ecuatoriana es clara en el asunto. El artículo 148 establece que el jefe del Estado tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional si es que existe una crisis política grave, o si los legisladores obstaculizan que ejerza su capacidad de gobernar, y cuando el legislativo se apropie de facultades que no le correspondan.
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En los últimos años, en Ecuador el Legislativo ha obstruido la labor del Ejecutivo, generándose una crisis política a la que se le suma el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico e inclusive motines en las cárceles.
Esa medida es a lo que se le llama una muerte cruzada. Se trata de la facultad otorgada únicamente al jefe del Estado, durante los primeros tres años de su mandato. El presidente disuelve el Legislativo y deberá convocar a elecciones generales que darán paso a un nuevo gobierno. Una medida para que “se vayan todos”. Mientras tanto, Lasso seguirá gobernando mediante decretos ley.
Medida legal
Una situación completamente distinta a la que se vivió en Perú en diciembre del 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Parlamento sin una norma constitucional que lo apoye. Además, el profesor cajamarquino buscó reorganizar todo nuestro sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
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No se puede comparar lo que hizo Pedro Castillo con lo que ha hecho hoy Guillermo Lasso. Uno utilizó la vía constitucional, mientras que el otro intentó dar un golpe de Estado, el cual, como sabemos, fracasó y lo llevó a prisión.
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