El embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, defendió al Estado peruano de las acusaciones de distintas ONGs, que culpan al gobierno de Dina Boluarte de las muertes que se dieron en las manifestaciones ocurridas tras el Golpe de Estado de Pedro Castillo.
Durante la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se abordó la investigación sobre las muertes suscitadas en las manifestaciones de diciembre del 2022 y enero de este año, Adrianzén desmintió la narrativa que culpa al Estado peruano de una política sistemática de violación de Derechos Humanos.
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A través de diversas pruebas, Adrianzén sustentó que las acusaciones sobre “ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados” por parte del Estado son completamente falsas.
Frente a sus argumentos, activistas que no toleraron su ponencia protagonizaron un escándalo en medio de la audiencia, calificándolo de «mentiroso».
Asimismo, ciertos medios de comunicación lo han criticado, catalogándolo de «negacionista», mientras que bancadas de izquierda han exigido su salida del cargo.
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