Una discusión recurrente en la economía – por lo tanto, en la sociedad – es acerca de los impuestos. Un tema que genera distintas opiniones porque involucra directa e indirectamente a toda la población.
Dentro del debate, hay quienes sostienen que los impuestos deberían aumentar porque es la forma de “darle dinero al Estado” para que este se encargue de hacer más obras que beneficien, especialmente, a quienes más lo necesitan.
Este razonamiento puede resultar lógico, e incluso loable. Entregar más de uno mismo para ayudar a los demás. Sin embargo, habría que plantearse la siguiente pregunta: ¿realmente incrementar la cantidad de dinero que recauda anualmente el gobierno demuestra ser efectivo para reducir desigualdades?
Si miramos países vecinos, como Argentina – donde, de hecho, acaban de conseguir una aprobación en el Congreso del proyecto de ley para reducir algunos impuestos – la respuesta se hace evidente: no es efectivo.
Pero si, teóricamente, cuando se cuenta con más dinero se pueden hacer más – y mejores – cosas, ¿por qué en la práctica esto no siempre es así?
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Diversos factores pueden dar respuesta a esa pregunta, de los cuales destaco dos: la corrupción y la ineficiencia estatal en la gestión de recursos.
El primero es alarmante y descaradamente evidente en nuestro país. Pero eso no significa que únicamente suceda aquí. En todos los gobiernos, a mayores o menores proporciones, se padece la corrupción.
Este enemigo invisible es especialmente peligroso porque pone trabas al desarrollo al transformar el objetivo de la política: pasa de ser la máxima expresión de organización social para perseguir el bien común a ser un medio para enriquecer a los políticos.
Conociendo que este es el objetivo de los funcionarios corruptos, darles más dinero no ayudará a resolver las desigualdades.
Por otra parte, la ineficiencia en el manejo de los recursos se ve en la paupérrimas obras del gobierno, la falta de capacitación de los gobiernos regionales para ejecutar proyectos usando la totalidad del presupuesto que les corresponde o la destinación de presupuesto público para políticas innecesarias.
En nuestro país vemos claramente los dos primeros puntos, en donde contamos, hasta la fecha, con:
- Más de 1700 obras públicas paralizadas, según la Contraloría General de la República;
- Un aproximado de 21 100 colegios en riesgo extremo y un 76% que debe ser reforzado estructuralmente o demolido, según El Peruano;
- Para el 2021, el 97.1% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención (8,531 de 8,783) en condiciones inadecuadas y 236 hospitales – de 247 – en la misma situación, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
Y mientras que el tercer punto, sobre las políticas innecesarias, suele pasar más desapercibido, no debe ser ignorado. Basta con recordar que la semana pasada Sigrid Bazán se quejaba por la prohibición del mal llamado “lenguaje inclusivo” en la educación pública para darnos cuenta que contamos con políticos que impulsan políticas que no contribuyen con el desarrollo del país, pero que sí gastan dinero de los bolsillos peruanos.
Con todo esto no planteo, de ninguna forma, que no se deban pagar los impuestos o que estos sean enteramente innecesarios. Lo que sí afirmo es que el argumento socialista sobre aumentar cada vez más la recaudación impositiva para solventar un incremento del gasto público no cuenta con evidencia que demuestre que hacerlo reduciría efectivamente las desigualdades.
Por el contrario, aumentar impuestos deteriora la percepción de los ciudadanos sobre su bienestar y llevarlos a niveles altos, como lo es en España, conducirá hacia el colapso progresivo de la clase media. Es decir, se reduciría la brecha de los niveles de renta, pero hacia abajo.
Un aumento del gasto público no garantiza la mejora en la calidad de vida ni el desarrollo del país. No al menos hasta que la corrupción sea reducida drásticamente y se cuente con profesionales altamente capacitados para la gestión y ejecución de proyectos de tales magnitudes.
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Estudiante de economía
