Estas últimas semanas hemos podido ver como personajes referentes de la izquierda nacional, como Sigrid Bazán y Gahela Cari Contreras, han declarado en diversos medios de comunicación que se debe reconocer el derecho a la vivienda universal como un derecho fundamental en nuestro país.
Bajo este paradigma se entendería que el Estado debería garantizar que todos los peruanos tengan una vivienda, lo que significaría que en el caso más extremo, el mismo gobierno construya viviendas para regalar, como en el modelo soviético, o que ofrezca ciertos subsidios, o la aprobación de ciertas leyes como el control de precios de los arrendamientos.
Después, algunos izquierdistas quieren ir más allá, afirmando que no solo el acceso a la vivienda se debe garantizar, sino que el Estado también debe asegurarse que estas viviendas sean “dignas”. Esto significa que no solo el Estado tendría que asegurarse que todos sus ciudadanos tengan una vivienda, sino que esta vivienda tendría que ser amplia, segura, o incluso bonita.
A pesar de que a todos nos gustaría que todos los peruanos puedan contar con una vivienda propia, que además sea adecuada y hermosa para habitar, la pregunta es cómo podemos lograr que esto verdaderamente pueda ocurrir.
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Para la izquierda el bienestar se logra de manera normativa. Su ideología es pensar que cuando el Estado reconoce cierto derecho, este se vuelve en realidad, como por arte de magia.
Sin embargo, la realidad es que de nada sirve que el Estado reconozca una infinidad de derechos que terminen siendo letra muerta. Incluso en algunos casos esto podría ser más perjudicial para la sociedad. Cualquier política del Estado tiene un costo para ser implementada y eso es asumido por los mismos ciudadanos a través del cobro de impuestos.
De este sentido, un Estado que reconoce una infinidad de derechos tiene dos opciones, centrar sus recursos en ciertos derechos que considere prioritarios y dejar los otros como letra muerta o quebrar todas las arcas del Estado y a sus ciudadanos para intentar garantizar todos estos derechos que reconoce.
La verdad es que el bienestar no se logra normativamente, sino que de manera espontánea. La mejor forma para que el Estado garantice que sus ciudadanos cuenten con viviendas apropiadas es que se entienda que la riqueza es creada por los propios individuos a través de su labor.
Esto significa que lo que debe hacer el Estado es proteger el bienestar económico de sus ciudadanos, a través de una economía saludable, con pocas trabas burocráticas y donde se sancione a los que incumplen con la ley.
En el caso del Perú, nuestra economía ha sido fuertemente golpeada por la postura draconiana que el Estado optó durante la pandemia del Covid-19 y la falta de confianza que el fallido dictador Pedro Castillo instauró en nuestros agentes económicos.
Este es el motivo por el cual en Estados Unidos los ciudadanos cuentan con mejores viviendas que las de los ciudadanos de un país como Cuba, Venezuela o la Unión Soviética.
Por tanto, es importante que dejemos de ver a los derechos como un truco de varita mágica y empecemos a buscar verdaderas soluciones a los problemas que nos aquejan.
En ILAD defendemos la democracia, la economía de mercado y los valores de la libertad. 
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Abogado
