Delcy Rodríguez, la vicepresidente de Venezuela, ha causado preocupación en el mundo entero al presentar ante la Asamblea Nacional de este país la denominada Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.
Dicha ley pretende criminalizar cualquier actividad considerada como fascista, neofascista, o similar a ella, concediendo al Estado venezolano a poder detener ciudadanos, imponer sanciones pecuniarias, disolver personas jurídicas y organizaciones políticas, entre otras.
¿La posible aprobación de dicha ley en verdad podría resultar ser tan preocupante?
Para comenzar, es necesario señalar que existen precedentes en el mundo para este tipo de leyes. Por ejemplo, en Alemania existen leyes destinadas a sancionar el nazismo, e incluso se puede sancionar de cárcel a las personas que usen esvásticas en público.
En el Perú existen las leyes de apología al terrorismo y el precedente en el que se le denegó al Movadef su inscripción, por ser considerado un movimiento vinculado a Sendero Luminoso.
De esta manera, queda claro que existen países donde es legal criminalizar la ideología.
En contraposición, Estados Unidos tiene un sistema donde se prioriza la libertad de expresión y conciencia como un derecho fundamental de primer orden que es necesario para que pueda existir una democracia republicana donde se respete el Estado de derecho y la libertad como máxima del Estado.
Este derecho fue consagrado por la Corte Suprema americana al interpretar que la primera enmienda era aplicable para la utilización de símbolos nazis, en el famoso caso National Socialist Party of America v. Village of Skokie, en el año 1977.
TE PUEDE INTERESAR: La izquierda y su rol en la controversia Venezuela – Guyana
Esto nos lleva a plantearnos el siguiente dilema moral. ¿Es correcto criminalizar la ideología, o más bien solo se debería poder criminalizar las acciones, puede haber un delito de conciencia?
Personalmente, considero que la postura de la Corte Suprema de Estados Unidos es la más acertada. El derecho penal busca que las personas no sufran daños, y uno solo puede ser dañado a través de acciones.
De esta manera, el derecho penal prohíbe pegarle a la gente, matar, cometer crímenes de odio, definido como la incitación a la comisión de un delito, a realizar calumnias. Pero el pensamiento nunca puede ni debe ser considerado un crimen.
Peor aún, cuando se utiliza para perseguir a las personas por motivos políticos, lo que en estricto es un caso de discriminación, definido como un trato diferenciado injustificado.
Este tipo de leyes deben recordarnos a los thought crimes de la novela 1984, a las purgas estalinistas, y al mismo nazismo que solía perseguir a sus adversarios políticos por motivos ideológicos. La censura está mal, sin importar quien la hace.
Otro problema sería que para definición de fascismo, neofascismo o expresiones similares puede ser interpretada de manera bastante amplia y subjetiva. Hay gente de izquierda que considera que el capitalismo es per se un tipo de fascismo.
También hay personas que catalogan a Trump, Bolsonaro y a Javier Milei como fascistas.
Al final del día, la clasificación de quien es fascista tendría que ser llevada a cabo por los jueces que son funcionarios del Estado y que pueden responder a sesgos partidarios, políticos y personales.
TE PUEDE INTERESAR: El arma de la libertad: la creatividad
Todos estos argumentos se agravan considerablemente en el contexto específico de Venezuela.
Este país es una de las dictaduras más sanguinarias y antidemocráticas de toda la región, lo que ha llevado a uno de los éxodos más grandes de su población en la historia de la humanidad.
Recientemente, se excluyó electoralmente a la mayor opositora del gobierno venezolano, María Corina Machado, para que no pueda competir contra Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales.
Ahora, María Corina Machado ha advertido al mundo entero que la aprobación de esta ley podría ser utilizada para encarcelarla a ella y a un gran porcentaje de sus seguidores políticos.
De esta manera, queda claro que esta ley es una simple excusa para poder perseguir y encarcelar a la oposición. Irónicamente, la ley antifascista parece sacada de un libreto de Joseph Goebbels.
Debemos permanecer atentos sobre las posibles repercusiones de la aprobación de esta nefasta ley.
Además, quizás esta ley nos pueda ayudar a reflexionar sobre si en nuestro propio país es correcto que se criminalice el pensamiento, incluso si esto ocurre contra personas con las que no estamos de acuerdo.
En ILAD defendemos la democracia, la economía de mercado y los valores de la libertad.
Síguenos en nuestras redes sociales: bit.ly/3IsMwd8

Abogado